Ante el comunicado difundido por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VIII, referido a un presunto episodio de violencia ocurrido el 29 de octubre en la ciudad de La Plata, esta Caja considera imprescindible rechazar categóricamente las afirmaciones que pretenden involucrarla en acontecimientos absolutamente ajenos a su actividad institucional.
El episodio denunciado, ocurrido en un ámbito privado, constituye una cuestión estrictamente personal entre sus eventuales protagonistas, cuyas circunstancias y responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
Ni la Caja ni sus órganos de gobierno han tenido participación institucional alguna en los hechos denunciados. Pretender lo contrario constituye una imputación tan infundada como irresponsable.
Resulta particularmente grave que el Dr. Ariel Vergara, en su condición de presidente del Distrito VIII y presunto damnificado, aparezca públicamente vinculado a un comunicado que utiliza su situación personal para formular acusaciones contra esta institución y su Junta Electoral.
La eventual condición de víctima de un hecho particular no confiere legitimidad para distorsionar la realidad, desacreditar instituciones ni transformar conflictos personales en supuestas persecuciones políticas o electorales.
Es inadmisible que se pretenda confundir a los profesionales odontólogos mediante una construcción discursiva que vincula artificialmente un episodio privado con decisiones electorales adoptadas conforme a las competencias y procedimientos reglamentarios.
La Junta Electoral desarrolló sus funciones dentro del marco normativo correspondiente, dictó las resoluciones pertinentes y ha concluido su cometido institucional. Sus decisiones no pueden ser desnaturalizadas mediante relatos interesados ni reinterpretadas a partir de acontecimientos posteriores y ajenos al proceso electoral.
No existió una decisión institucional destinada a perseguir, intimidar o agredir a persona alguna. Presentar las actuaciones electorales como una supuesta proscripción, sin atender a sus fundamentos y antecedentes, constituye una tergiversación que esta Caja rechaza terminantemente.
Quienes ejercen responsabilidades de representación profesional tienen el deber de actuar con prudencia, objetividad y respeto por la verdad. Ese deber resulta especialmente exigible cuando se pretende comprometer públicamente el prestigio de otras instituciones.
La Caja repudia toda forma de violencia, pero con igual firmeza rechaza su utilización como argumento para alimentar enfrentamientos, desacreditar decisiones institucionales o intentar trasladar responsabilidades individuales a organismos que no han intervenido en los hechos.
Por ello, exige a las autoridades del Distrito VIII que cesen en la formulación de imputaciones institucionales carentes de sustento y rectifiquen aquellas afirmaciones que atribuyen a esta Caja responsabilidades que no le corresponden, reservándose el ejercicio de las acciones legales pertinentes.
La comunidad odontológica merece dirigentes comprometidos con la verdad y con la responsabilidad que impone el ejercicio de sus funciones, no la utilización de las instituciones como escenario de controversias personales.
La condición de presunto damnificado no habilita a convertirse en acusador irresponsable de instituciones ajenas a los hechos.
Las responsabilidades son individuales. Las decisiones institucionales se juzgan por su legalidad. Y la verdad no puede ser manipulada para justificar intereses electorales.
HONORABLE DIRECTORIO
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES